El Gobierno provoca un embrollo legislativo al retrasar la aplicación de una norma de 2011.
La incapacidad del Ministerio de Justicia de sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y sigue parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley debía entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para que asuma —gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo.
El ministerio anunció primero que delegaría el Registro Civil en los registradores de la propiedad, a pesar de que su función a priori no tiene nada que ver. Alegó que los registradores son un tipo especial de “funcionario público” (dependen del Gobierno y acceden por oposición, aunque no cobran una nómina sino aranceles a sus clientes), y rechazó las acusaciones de privatización asegurando que todos los trámites seguirían siendo gratuitos. Eso bloqueó la negociación con el Colegio de Registradores, negociación que finalmente se rompió hace dos meses. Gallardón anunció entonces que no renunciaba a desjudicializar el Registro Civil (entre otras cosas, porque la ley de 2011 le obliga), y que la solución pasaría por delegarlo en "funcionarios de distintos cuerpos". Aún no se sabe cuáles serán, ni cuándo.
FELIZ SEMANA!!!
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